El gobierno otorgará subsidios a las empresas que contraten jóvenes. Con esa herramienta, el Poder Ejecutivo aspira a ofrecer más oportunidades para un segmento que triplica los niveles de desempleo promedios registrados en el país (16,6% contra 5,5%, según los últimos datos, de noviembre).

Al mismo tiempo, la apuesta es poder cubrir parte de las necesidades de mano de obra que tienen las empresas locales y sumar unos 10.000 puestos de trabajo. Las medidas a aplicar demandarán una inversión estatal de US$ 12 millones.

Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social elaboraron un borrador y con esa base redactan un proyecto de ley que ingresará al Parlamento apenas esté listo.  El documento, al que accedió El Observador, detalla los subsidios que podrán utilizar las empresas en las diferentes categorías. Para la primera experiencia laboral, el incentivo es que las compañías podrán descontar de los aportes que hacen al Banco de Previsión Social el 15% del salario del joven.

A su vez, el gobierno otorgará otro subsidio por única vez para que la capacitar al joven por un valor equivalente al 50% del salario del trabajador.  En esos casos, los contratos podrán ser de entre seis meses y un año y será  para sueldos cuyo tope será de tres Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que equivale a $ 6.678 a valores actuales. El objetivo de que sea por un plazo limitado es que haya otro joven que sea beneficiario del plan del gobierno.

Esta modalidad será para quienes tengan entre 18 y 24 años. Hay otra categoría con los mismos beneficios que la anterior cuyos aspirantes podrán tener hasta 29 años. En ese caso, el requisito es que sea el “primer empleo en el marco de sus estudios”.

A través de estas medidas, el gobierno busca insertar jóvenes en el mercado laboral, pero con el interés de evitar que eso se traduzca en que las personas dejen de estudiar, dado que la mano de obra calificada es la que más hace falta en el país. Por esa razón, habrá mayores incentivos para los empleadores que los incentiven a continuar con los estudios.

La política a poner en práctica es que la jornada laboral de este segmento sea menor y por eso habrá un subsidio mayor para las empresas que ofrezcan menos carga horaria. Aún resta definir de cuánto será el apoyo estatal en estos casos, pero lo que ya está claro es que el beneficio para los empresarios se mantendrá hasta que el estudiante haya finalizado sus cursos.

La iniciativa oficial que llegará al Parlamento propondrá dar un incentivo muchísimo mayor para las compañías que contraten a “jóvenes en hogares vulnerables”, de entre 18 y 24 años.

En esos casos, los subsidios serán a los aportes al BPS será del 80% del salario del trabajador en el caso de  las mujeres y del 60% para los hombres. La diferencia se debe a que el mayor desempleo se da en el sexo femenino. Mientras que el 13,2% de los hombres menores de 25 años que buscan trabajo no lo encuentran, en las mujeres la cifra asciende al 21,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La normativa incluirá otra alternativa: las prácticas formativas en empresas sin salario y sin descuentos para las compañías. La intención de esta modalidad es que como complemento al estudio, los jóvenes tengan la posibilidad de tener una primera experiencia de baja carga horaria y, en caso de resultar útiles, ser contratado en un futuro.

El segmento complicado
Aunque el desempleo está en su mínimo histórico, el segmento de los jóvenes inquieta al gobierno. Entre los menores de 25 años, el porcentaje de quienes buscan un empleo y no lo consiguen es de 16,6%, mientras que en los mayores de esa edad es solo de 3,4%.  A su vez, otro de los problemas que se da entre los jóvenes es que los niveles de informalidad son muy altos, según informaron a El  Observador fuentes oficiales.

El gobierno aspira que a un año de entrar en vigencia el modelo, habrá 10.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes.

25.000
Son los puestos de trabajo que el gobierno estima que se deberán crear este año para dar respuesta al crecimiento económico previsto, que asciende a cuatro puntos porcentuales del PBI.