Caracas, 12 Sep. ABN.- Luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró con lugar la demanda de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Arauco) en representación de los usuarios de tarjetas de crédito, esta asociación gremial ha recibido hasta la fecha aproximadamente 57 mil denuncias.
Así lo dio a conocer el presidente de Anauco, Roberto León Parilli, al explicar que 57 mil usuarios han relatado sus casos.
A su juicio, la población titular de dinero plástico alcanza los 8 millones de titulares, quienes tienen en su poder aproximadamente 20 millones de tarjetas.
En julio pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de su vicepresidente Jesús Eduardo Cabrera, declaró con lugar la acción interpuesta por Anauco contra el Consejo Bancario Nacional (CBN), la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) en beneficio de todos los usuarios de tarjetas de crédito del país.
El presidente de Anauco señaló que esta sentencia permite la corrección de malas prácticas y el establecimiento de diversas garantías para el uso de las tarjetas de crédito.
"Significa un logro alcanzado por los usuarios venezolanos. Por primera vez en nuestro país, los tarjetahabientes venezolanos tienen igualdad de beneficios con respecto a los de otros países del mundo", señaló Parilli.
El representante de la asociación explicó que quedó totalmente prohibido el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses y se ordena a Sudeban y al Indecu hacer lo propio para velar porque el anatocismo no esté presente en los cálculos hechos a los tarjetahabientes venezolanos.
De igual forma, se prohiben los sistemas de cobranzas inhumanos, los cobros a través de mensajes telefónicos entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana.
Igualmente el TSJ ordenó de inmediato al Banco Central de Venezuela (BCV) fijar anualmente las tasas de intereses máximas y mínimas para las tarjetas de crédito, con base a los principios de equidad y proporcionalidad, que proteja tanto el sistema crediticio como al consumidor mismo.
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