La estructuración de la gestión de riesgo de crédito en las instituciones financieras, según las propuestas del Nuevo Acuerdo de Convergencia de Capitales (Basilea II –B2–), no solo se supone da pautas para la formación de patrimonios bancarios, sino que indican con precisión las estrategias del negocio. Cuando en B2 se exige que el patrimonio de una entidad financiera deberá ser constituido en función de todos los riesgos que el banco asume, está indicando lo siguiente: los accionistas de la entidad compensarán suficientemente, mediante sus aportes patrimoniales, la incertidumbre que tienen los ahorristas fondeadores de que no se les devuelva su dinero. En suma, el B2 pone la regla fundamental del negocio, la que está basada en la relación riesgo-rendimiento.

Para determinar el patrimonio técnico de una institución, los accionistas (que son quienes deben aportar el dinero para constituirlo o sostenerlo) tendrán que preguntarse cuál es el riesgo de que los ahorristas no recuperen su dinero. La respuesta deberán encontrarla en el valor de la probabilidad de que los prestatarios –a quienes se les da el dinero de los ahorristas– no honren sus obligaciones.

Con estos datos, en el tiempo, los accionistas podrán calcular dos valores específicos: a) el promedio de las pérdidas monetarias que eventualmente se sufrirían y, b) el importe de la diferencia entre la máxima de las pérdidas observadas y ese promedio. Finalmente, sumando aquellos valores, se podrá definir el monto patrimonial compensador. Lo que queda claro, entonces, es que el patrimonio dependerá del valor de la incertidumbre tolerable por los accionistas que estadísticamente sería suficiente para cubrir tanto las pérdidas esperadas (el promedio) como las no esperadas (la máxima volatilidad).

Los bancos prestamistas de WorldCom, para marzo del 2002, aprovisionaban normalmente las pérdidas esperadas de sus operaciones con esa corporación en función del análisis de la solidez financiera y de la capacidad de pago de esta, confirmada por los informes y pronunciamientos de las calificadoras de riesgos (Moodys otorgaba “A3”; S&P daba “BBB+” y Fitch “BBB+”) y de la auditora externa A. Andersen, que firmaba el reporte anual para esa fecha como “fairly”. Luego del desastre, estos bancos se encontraron con que las provisiones constituidas no alcanzaban para cubrir las pérdidas contables de una empresa registrada como de bajo riesgo y que pasó a “D” en menos de un mes. Los dineros para compensar la diferencia en los estados financieros emergerían contablemente de sus patrimonios, los que debieron ser recalculados y restituidas las diferencias. Las pérdidas no esperadas son cubiertas por el patrimonio, más precisamente por el capital económico.

Otras consideraciones de Basilea II

Pero Basilea II va más allá, no solamente propone reglas para el negocio bancario en cuanto a la participación de los accionistas de una entidad, también la alta dirección es responsable directa de la comisión de actos reñidos, con lo que se supone una gestión eficiente del riesgo. Incluso, se sanciona la omisión de tales actos, por lo que para no caer en interpretaciones injustas, Basilea II define exhaustivamente las reglas de gestión mediante la formalización de principios explícitos. Un aspecto central es la insistencia sobre la participación de directores en la administración constante del riesgo, mediante su inclusión en los comités de riesgo de las entidades.

Las propuestas de Basilea II, no son de obligatorio cumplimiento para los mercados. Estas propuestas son una especie de “plan de trabajo” para los actores que participan en el sistema bancario internacional al que se puede –o no– adherir. Por lo tanto, no existe un poder supranacional que exija a los mercados emergentes cumplir con los supuestos de administración de riesgos que se señalan. Empero, si bien no existe un poder de coerción formal, sí existe el poder de la práctica de la globalización.

Para hacer negocios con el resto de los países que se adhieren, las instituciones financieras intermediarias de los mercados emergentes deben también aceptar las reglas. O sea, que para recibir fondeo mediante préstamos internacionales, para acceder a los mercados de capitales internacionales, para operar mediante las redes de comunicación internacionales, entre otras prácticas, los países con mercados emergentes deberán cumplir, a cabalidad, con los preceptos del B2.

Además, los órganos de control de esos mercados solo recibirían fondos para apoyo institucional proveniente de instituciones multilaterales de financiamiento, si es que aquellos trasladan las reglas globales a las respectivas normativas locales de administración de riesgos.

El brazo de B2 alcanza también a las negociaciones entre el FMI y los países. Un acuerdo “Stand By” tiene probabilidades de suscribirse solo si el sistema bancario del receptor de la facilidad cumple con las “reglas”, tal como ocurrió en la negociación con Ecuador durante el 2002.

La consolidación de una cultura de riesgos en los mercados emergentes es lenta y los tiempos de reacción ante las propuestas del B2 (y del B1) no son rápidos. Los retrasos tienen dos fuentes: a) la generación de normativa por parte de supervisores y, b) la resistencia de las instituciones a gestionar riesgos si ello no les es exigido.

En cuanto a la generación de normativa, los órganos de supervisión de los mercados emergentes suelen adolecer de recursos económicos suficientes para mantenerse de manera permanente en la vanguardia de las nuevas tecnologías. El retardo medio entre la generación de la propuesta internacional y el lanzamiento de la norma local es de aproximadamente cinco años.

En algunos mercados emergentes de Latinoamérica, aún no se implementa en su totalidad el B1 y sus reformas de mediados de los 90. No obstante, se espera que en esta ocasión (el aterrizaje del B2), los tiempos sean más breves. En la actualidad, varios entes controladores se encuentran en pleno proceso de generación de normas y de la puesta en práctica de estas en las entidades que supervisan. Quizá las velocidades de los controladores, suponiendo tenencia de recursos económicos suficientes, dependen de la voluntad política de las planas superiores de los supervisores y de sus respectivos conocimientos técnicos. Ambos elementos son indispensables para el lanzamiento de una normativa que permita una administración de riesgos prudencial.

Factores que explican la resistencia al análisis de riesgos

El factor de resistencia de las instituciones intermediarias para gestionar riesgos reside específicamente en dos hechos: a) el alto costo de estructuración de la gestión de riesgos, b) la brecha generacional existente a escala de la alta conducción. Definitivamente, gestionar riesgos implica una inversión significativa en equipamiento y recursos humanos. El costo del talento humano, de la capacitación continua que exige la administración de riesgos, de los sistemas informáticos de apoyo y de los procesos de control es alto.

Gestionar riesgos cuesta mucha plata. Visto de otra forma: reducir riesgos, reduce la rentabilidad. Al alto rendimiento le corresponde alto riesgo y viceversa. Contratar un seguro para un automóvil es caro, pero disminuye el riesgo derivado de un eventual accidente. Si la norma no exige la cobertura de este, las entidades posponen la inversión.

Posiblemente, es mayor el problema derivado de la resistencia generacional. La alta dirección de la banca (COB, CEO y directores), en la mayoría de las instituciones, no ha tenido la oportunidad –en los países emergentes– de formarse académicamente dentro de una cultura de riesgos. Las nuevas generaciones de profesionales de la industria bancaria, en cambio, acceden a las técnicas de gestión de riesgos en las universidades y mediante la Internet, participan en forma práctica de la globalización en los mercados financieros, asisten a foros y seminarios, operan sistemas informáticos y software. Para aquellos es casi natural –y relativamente sencillo– involucrarse en los nuevos paradigmas financieros como los propuestos por el B2.

Por lo tanto, es muy sostenible la hipótesis de que en nuestros mercados emergentes, el verdadero motor de la gestión de riesgos es la existencia de normativa que exija a las entidades su implementación efectiva y oportuna. Afortunadamente, existe en estos mercados una vanguardia exitosa de bancos que preceden en sus cursos de acción a la normativa de gestión de riesgos. Seguramente, recogerán sus frutos más temprano que tarde.

Por ahora, en el estadio actual de la cultura de riesgos, los mercados emergentes suelen no reconocer su gestión, traduciéndola en menores costos de intermediación. Una institución que gestiona de manera eficiente sus riesgos debe pagar igual tasa de interés pasiva por sus captaciones que una que no administra riesgo o que lo hace de manera deficiente. Es casi lógico pensar que la administración y control de riesgos sería un gasto no redituable.

Por su parte, la Sugef en Costa Rica va revelando que el camino por seguir, en cuanto a normativa para gestión de riesgo de crédito, es el correspondiente al enfoque estandarizado de B2. Por lo menos así lo revela su proyecto de normativa 3-05 y 6-05, lanzado recientemente a consulta del mercado con muchos adelantos en cuanto al aterrizaje del B2 en el sistema bancario nacional, pero también con muchas incertidumbres en cuanto a los algoritmos propuestos para computo de riesgos de mercado.