Malos hábitos de pago en España

La morosidad en el cobro de facturas es la causa de una de cada cuatro quiebras, sobre todo entre las pymes. Los motivos más frecuentes que conducen a las empresas a presentar la solicitud de suspensión de pagos por falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones son:

- Alta morosidad
- Insolvencias definitivas de clientes
- Ser a su vez acreedores en un procedimiento concursal de un cliente importante insolvente.
- Sufrir importantes retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas

Una simple comparación entre los plazos de pago existentes en los países de la Europa Occidental revela que España, antepenúltimo en el ranking, es de los peores pagadores de la UE.

Una encuesta sobre una muestra de unas 3.000 empresas de diversos sectores de actividad y distintas dimensiones, realizada por la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, reveló que más de las dos terceras partes de las empresas –según el estudio, un 66,8%– tienen graves problemas económico-financieros originados por el incumplimiento de los plazos de pago en las transacciones comerciales.

Según el estudio, la morosidad afecta por igual a toda clase de empresas sin excepción, sin que se aprecie mayor intensidad en unos sectores que en otros. Tampoco influyen el tamaño, la forma jurídica o la localización de las empresas.

La mayor parte de las empresas afectadas por la morosidad, un 83%, manifestaron que los problemas han tenido su reflejo en una falta de liquidez o quebranto de tesorería. Hay que destacar que un 4,5% de las compañías mercantiles se vieron obligadas a presentar un expediente de suspensión de pagos por culpa de la morosidad.

Según declararon las empresas encuestadas, los principales perjuicios que causa la morosidad son los que aparecen en la siguiente tabla y por orden decreciente:

En cuanto a los plazos de pago que se establecen en las transacciones comerciales que realizan las empresas, la encuesta destacó que, en general, los plazos son muy dilatados. Los plazos de pago que evidenció la encuesta son los que aparecen en el cuadro siguiente:

De los resultados del estudio se deduce que casi la mitad de las operaciones comerciales, el 48%, se cobran entre 60 y 90 días, mientras que las operaciones al contado sólo representan un 0,5% de los casos.
Según la encuesta, más del 91% de las operaciones comerciales se cobran a más de 30 días; y más del 63%, a un plazo superior a los 60 días, a pesar de que la Directiva Europea 2000/35/CE, que establece medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, recomienda que el plazo de pago se efectúe 30 días después de que el cliente haya recibido la factura o 30 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.

Tendencia de la morosidad en España y Europa

Durante los últimos años se ha producido un deterioro de las prácticas de pago en España, como lo demuestra un completo estudio sobre el comportamiento de pago de las empresas europeas realizado en el año 2004 por la compañía escandinava Intrum Justitia.

La sociedad Intrum Justitia es una empresa sueca especializada en la prestación de servicios de cobro (actúa en 21 países y tiene 80.000 clientes) y en la investigación de los retrasos en los pagos de las operaciones comerciales en toda Europa. Regularmente efectúa estudios sobre los comportamientos de pago de las empresas en los países europeos. A lo largo de varias décadas, ha realizado estudios sobre la evolución de la morosidad en los distintos países europeos, y se considera la fuente de información más importante respecto a la evolución de los retrasos en el pago en el continente europeo así como sus tendencias.

En el último informe que publicaron en la primavera de 2004, señalan que el retraso medio en el pago de facturas en Europa ha pasado de ser de 14 días en el año 1997 a 16 días en el 2003; si bien en España la evolución ha sido más negativa, puesto que el retraso medio en el año 1997 era de sólo 6 días y ha pasado a ser de 13,4 días en el año 2003.

Estos datos demuestran objetivamente que durante los últimos años se ha producido un fuerte deterioro de las prácticas de pago en España.
Asimismo, otros resultados del informe son concluyentes: España se halla a la cabeza de los países con mayores plazos de pago de toda la UE (la de los 25 estados miembros), puesto que el estudio de Intrum Justitia señala a tres países del sur de Europa como los que presentan los mayores plazos de pago de toda la UE; estos países son Italia, Portugal y España.

El plazo medio de cobro en España está en torno a los tres meses, pero en muchos sectores los períodos medios de cobro superan los 200 e incluso los 300 días.
Además, España registra parámetros negativos en el índice de pagos elaborado por Intrum Justitia (Payment Index), que expresa el riesgo potencial de cada país europeo a la hora de cobrar las operaciones comerciales. El Payment Index de Intrum Justitia está destinado a comparar los distintos países europeos, desde el punto de vista del riesgo de morosidad.

Para confeccionarlo Intrum Justitia ha utilizado 21 datos económicos e índices como el plazo contractual, el retraso medio, la antigüedad de la deuda vencida y los créditos fallidos. El índice va de menor puntuación menor riesgo a mayor puntuación mayor riesgo. El estudio presentado por Intrum Justitia otorga al Estado Español un índice de riesgo de 166. Hay que tener en cuenta que sólo 3 estados europeos se sitúan por debajo de España: Portugal con 191, República Checa con 176 y Lituania con 167.

España está posicionada en el cuarto puesto en el ranking de morosidad de la Europa de los 25; sin embargo, los tres países que encabezan la lista tienen economías menores a la nuestra.
Esta calificación (índice 166) incluye a España dentro de la categoría de países con alto riesgo de impago, para los que se recomienda la adopción de estrictas medidas de control para evitar la morosidad en las transacciones comerciales.

Otra prueba que demuestra la elevada morosidad existente en España queda reflejada en los datos aportados por el estudio de Intrum Justitia sobre la antigüedad de las facturas vencidas en las carteras de las empresas de los distintos países de la UE de los 25.

España tiene un período medio de cobro muy similar al de Italia, pero las empresas españolas en su conjunto tienen más del doble de saldos vencidos –o sea facturas pendientes de cobro– con antigüedad superior a los 4 meses que las empresas italianas. En Italia, el porcentaje de saldos de clientes pendientes de cobro con antigüedad superior a los 120 días constituye tan sólo el 5,2% del total de su cartera de facturas, mientras que en España este porcentaje se eleva al 10,8%.
Nuestro país se encuentra en el tercer lugar del ranking de estados con el porcentaje más elevado de morosos en los balances de las empresas.

Otro dato significativo aportado por el informe es que casi la mitad de las facturas (un 47%) emitidas en España se cobran con retraso, es decir, pasada la fecha de su vencimiento (si es que son pagadas). En otras palabras, la mitad de los saldos de clientes que tienen las empresas españolas en sus activos circulantes son saldos morosos.

Causas de la morosidad

Los estudios realizados para averiguar las causas de los impagados en Europa, evidenciaron que la intencionalidad (por parte del deudor) es la primera causa de la morosidad, y no los problemas de liquidez del cliente, como se suponía con anterioridad a la publicación del informe. Así, la mayor parte de los impagos que se producen en Europa son intencionales, ya que el deudor retrasa los pagos para financiarse a costa del proveedor.
Las distintas causas que provocan la morosidad y el porcentaje sobre el total de los impagados son:

• Intencionalidad 35%
• Dificultades financieras 23%
• Ineficacia administrativa 17%
• Litigios e incidencias comerciales 7%
• Otras causas 18%

Sin embargo, en el caso de España, la primera causa de morosidad es la intencionalidad del deudor de beneficiarse de una financiación gratuita a expensas del proveedor, ya que el retraso intencional representa el 62% de las causas de la morosidad.

Con respecto a las deudas incobrables, España ha ganado la medalla de oro europea con los porcentajes más elevados de pérdidas por impagados y créditos fallidos de todos los países de la UE. Supera al resto de naciones europeas con un porcentaje del 3,2% de pérdidas por fallidos. Italia sólo tiene un porcentaje de deudas fallidas del 0,9% y Portugal, el país peor situado en todo lo que se refiere a la morosidad, sólo tiene un 2,8% de pérdidas por incobrables.

La ética en el cumplimiento de las obligaciones de pago

Se han extendido malos hábitos de pago en España que suponen un riesgo importante para las empresas proveedoras de bienes y servicios. El deterioro de las prácticas de pago no sólo se debe a factores coyunturales, sino que también refleja una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto, el fenómeno de la morosidad no se debe imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existen causas estructurales, además de una conducta poco apropiada de muchas empresas respecto al cumplimiento de sus obligaciones de pago.

Muchos compradores utilizan el crédito interempresarial que les ofrecen sus proveedores como fuente de financiación gratuita de sus ciclos de explotación, y han conseguido reducir al mínimo sus ciclos de caja para alargar los plazos de pago a acreedores.

Una de las estrategias que utilizan las empresas es imponer contractualmente a sus proveedores aplazamientos de pago muy dilatados como principal fuente de financiación a corto plazo. Los proveedores se ven obligados a aceptar estas condiciones de pago por temor a perder ventas.
Otra de las estrategias empleadas por numerosos compradores es dilatar el pago de las operaciones comerciales una vez ha pasado la fecha de vencimiento teórica, a través de malas prácticas en el abono de las facturas.

La tercera estrategia consiste en la implementación de mecanismos administrativos y tareas burocráticas encaminadas únicamente a prolongar de forma innecesaria los procesos de pago.
De este modo, los suministradores se ven obligados a financiar las transacciones comerciales con sus clientes durante un largo período de tiempo; este fenómeno les resta liquidez, les obliga a mantener unos activos circulantes sobredimensionados, les disminuye los beneficios de explotación y les obliga a endeudarse a corto plazo para poder sufragar las inversiones en cuentas por cobrar.

La viabilidad de muchos negocios se ve en peligro por culpa de los largos plazos de cobro que tienen que soportar, puesto que al disminuir los beneficios y bajar la rentabilidad, las empresas se ven obligadas a cesar en sus actividades.

La aprobación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales constituye una base importante para acabar con los retrasos en los pagos, pero no será suficiente si no existe un código ético de buena conducta en los pagos de las operaciones comerciales.

La clave de la lucha contra la morosidad no está sólo en aprobar leyes y publicarlas en el BOE, sino en mejorar el comportamiento de pago de las empresas mediante un código ético de voluntario cumplimiento basado en mejores prácticas.

El gran generador de morosidad en España es un factor inherente a la cultura empresarial. No son causas estructurales, legales, ni coyunturales las que provocan la plaga de la morosidad, sino una actitud generalizada de las empresas ante el cumplimiento de las obligaciones de pago. No existe en España un código de conducta que actúe como referente en los comportamientos de pago de las empresas. La inexistencia de una ética definida en el cumplimiento de las obligaciones de los deudores ha dejado un vacío moral que permite la existencia de una morosidad permanente. Hoy en día, el retraso intencionado de los pagos a los proveedores es sinónimo de buena gestión empresarial.

Existe, por tanto, un problema deontológico en la actuación de los empresarios. Pero el comportamiento moroso ocurre no sólo en los sectores marginales de la sociedad o en empresas insolventes o con poca liquidez, también en el mundo empresarial. La política que se aplica en muchas empresas solventes y con gran liquidez, de demorar intencionalmente los pagos a los acreedores, está considerada por muchos dirigentes como un modelo de buena gestión empresarial.

Muchos directivos consideran perfectamente ético intentar retrasar al máximo los pagos a sus proveedores de forma intencionada. Además, algunos dirigentes empresariales aprovechan cualquier fallo por parte de un proveedor para no pagar al vencimiento. Algunos empresarios tienen como política pagar las deudas únicamente cuando el acreedor ha exigido varias veces el cobro. En caso de olvido por parte del acreedor de reclamar la deuda, se considera como natural no realizar el pago.

En España existe un problema de ética empresarial, ya que las prácticas poco éticas en los pagos se encuentran tan arraigadas en las empresas que se han convertido en norma, en lugar de ser una excepción. Con esta mentalidad es muy difícil erradicar la morosidad.

Hábitos de pago de España

Pero, además, se deben considerar otras causas estructurales, como pueden ser la actitud de algunos actores económicos –grandes empresas industriales, el sector de la distribución y las administraciones públicas– de prolongar deliberadamente los plazos de pago para aprovechar su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas.

Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos en muchos sectores, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento económico generalizado. Muchas empresas, que en sentido estricto no pueden ser calificadas de morosas, demoran intencionalmente los pagos a proveedores para obtener beneficios atípicos gracias al float comercial obtenido mediante los flujos de efectivo retenidos.

Las prácticas de dilatación de los pagos son fruto de una cultura empresarial que se ha desarrollado no sólo debido a factores económicos, sino también por malas prácticas de pago imperantes en las relaciones mercantiles.

En los últimos años, se ha extendido el abuso de grandes empresas dominantes en algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, que dependen en gran medida de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación de las condiciones de pago y exigen pagar con aplazamientos en el pago muy dilatados.

La globalización ha provocado incluso un endurecimiento de las condiciones impuestas por las grandes empresas, que utilizan como arma de presión la oferta de los fabricantes de países en vías de desarrollo que pueden ofrecer precios inferiores gracias a costes muy inferiores.

De este modo, las pymes proveedoras de las grandes empresas en realidad conceden a estas últimas un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias para poder refinanciar a sus clientes, sufren en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario.

Uno de los hechos diferenciales en España es que son las grandes empresas, las multinacionales y las medianas-grandes empresas las que demoran más sus pagos, mientras que en el resto de los países europeos son las pequeñas empresas las que tardan más en pagar a sus proveedores. Así, son las empresas con más recursos financieros las que tienen peores hábitos de pago, lo que no deja de ser una paradoja que va en contra de la tendencia europea.

Código de buen comportamiento de pago

Objetivos

Es necesario promover un código ético de buen comportamiento en los pagos, puesto que la promulgación de leyes no será suficiente para que mejoren las prácticas de pago de las operaciones comerciales. En la UE algunos países ya han desarrollado una excelente promoción de la ética en el comportamiento de pago de las empresas mediante códigos de conducta y campañas institucionales.
Con este propósito, desde el Centro de Estudios de Morosología de EAE, y bajo la dirección de Pere J. Brachfield se ha elaborado un código ético de 15 puntos para el comportamiento de pago entre empresas.

Los principales objetivos son:

*Promover buenas prácticas de pago.
*Despertar la conciencia de las empresas sobre los beneficios éticos y mercantiles que supone el correcto cumplimiento de pago a los proveedores.
* Proporcionar a los empresarios una guía sobre el comportamiento correcto para efectuar los pagos.

El Código ético de buen comportamiento de pago

1. El comprador deberá explicar claramente y con total transparencia sus procedimientos de pago a los proveedores en el momento de iniciar las relaciones comerciales.

2. El comprador no pondrá objeciones a la hora de firmar contratos con el proveedor que especifiquen las condiciones de pago o de aceptar por escrito las condiciones generales de venta de un suministrador.

3. El comprador deberá pagar sus facturas de acuerdo con las condiciones pactadas con los proveedores o según los requisitos legales vigentes.

4. El comprador deberá cumplir escrupulosamente las fechas de pago acordadas con el proveedor y pagar el día del vencimiento pactado.

5. El comprador se abstendrá de utilizar trámites administrativos en el control y aprobación de las facturas que tengan como único objetivo retrasar la fecha de pago de las operaciones comerciales.

6. El comprador facilitará al proveedor toda la información que éste solicite sobre la situación de las facturas pendientes de validación y, en todo momento, le prestará la colaboración necesaria para que el proveedor pueda realizar el control de sus cobros pendientes.

7. Tan pronto como el comprador tenga conocimiento de la aparición de cualquier incidencia en la factura que pueda dificultar la validación de la misma para su posterior abono deberá avisar al proveedor de su existencia, para que el interesado pueda enmendar el error con antelación suficiente y así poder cobrar la factura al vencimiento previsto.

8. El comprador, ante la existencia de cualquier litigio que impida efectuar el pago de la factura, se pondrá en contacto con el proveedor de inmediato para notificarle la existencia de dicha incidencia y, en todo momento, estará dispuesto a colaborar activamente con el proveedor para resolver la disputa mercantil con celeridad.

9. El comprador no utilizará indebidamente el crédito comercial ofrecido por los proveedores como fuente de financiación extrabancaria gratuita para acortar su ciclo de caja.

10. El comprador no aprovechará su posición dominante ni su fuerza negociadora para imponer plazos de pago excesivamente largos a sus proveedores; tampoco discriminará negativamente en el orden de pagos que debe realizar a sus acreedores a aquellos que tengan menor capacidad de negociación.

11. El comprador no utilizará como pretexto para no pagar una operación comercial la existencia de un error insignificante en la factura, cuando se está beneficiando de un producto o servicio en perfectas condiciones.

12. El comprador no buscará excusas, argumentando la existencia de mínimas incidencias de calidad o cantidad en los productos suministrados por el proveedor, con el propósito de retrasar el pago de todo el importe de una factura vencida.

13. El comprador, cuando el proveedor tuviera que efectuar un abono sobre el importe de la factura por mercancías defectuosas o diferencias de precio, pagará la diferencia de la forma más diligente que sea posible.

14. El comprador no restringirá las posibilidades del proveedor para obtener financiación mediante el descuento bancario de documentos mercantiles, incluyendo la mención “no a la orden” en los títulos valores que entregue para el pago diferido de las operaciones comerciales.

15. El comprador no abusará de su capacidad financiera para exigir al proveedor descuentos desproporcionados a cambio de adelantar la fecha de pago de las operaciones comerciales o en el momento de ofrecerles una financiación bancaria para el cobro anticipado de las facturas.