El Banco Central acentuará los controles sobre las tasas de interés que cobran las tarjetas de crédito. En algunos casos esos recargos rozan el 90% anual para quienes financian el saldo de sus gastos, es decir que no pagan el total de los consumos de cada mes. Según la Secretaría de Defensa de la Competencia, el promedio del mercado es del 70%.

La promesa de aumentar más los controles sobre las tasas salió de boca del titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, quien se reunió ayer durante tres horas y media con diputados de la Comisión de Finanzas, presidida por el bonaerense Rodolfo Frigeri (PJ).

La intención de ponerle un freno a este tema apuntaría en dos direcciones. Por un lado, evitar que los recargos desmedidos terminen en problemas más serios de incobrabilidad. Por otro lado, se buscaría supervisar los niveles de las tasas antes que el Congreso avance en su intención de sancionar una ley que ponga techo a esos recargos. Frigeri admitió no estar de acuerdo en avanzar con proyectos de ley que apunten a regular precios en otros sectores de la economía.

Prat Gay acudió solo a la cita con los legisladores, que comenzó casi a las 13:30 horas y terminó al filo de las 5 de la tarde. Allí los diputados le pidieron más controles sobre el negocio del dinero plástico, algo que Prat Gay aceptó sin problemas: "Vamos a ser más proactivos porque es necesario hacer todo lo posible para que el crédito sea más abundante" dijo Prat Gay. Antes había reconocido que el Central se había "olvidado" de este tema, durante el 2002, porque en medio del tembladeral financiero las prioridades eran otras.

Topes máximos

Según la ley 25.065, que fue sancionada en el '99, los emisores de los tarjetas de crédito no pueden cobrar intereses que superen en un 25% las tasas fijadas que los bancos cobran por créditos personales. Es decir: si la tasa de un préstamo es del 40%, la tasa de tarjeta no puede superar el 50%. Para el caso de las tarjetas emitidas por empresas no reguladas por el Central, tienen como tope el 25% adicional por encima de la tasa promedio del mercado, revelada por el BCRA.

Al respecto, Prat Gay les recordó a los diputados que durante el año pasado era muy difícil tomar una tasa de referencia, "porque el crédito había desaparecido".

El último relevamiento del Central data de diciembre de 2002. Fijó la tasa promedio para préstamos personales en el 40%. Con ese parámetro, la tasa máxima de tarjeta no debería superar el 50%. Todos los bancos que cobren por encima de de ese límite, estarían en infracción.

Los principales emisores de plásticos son los bancos de Galicia, el BBV Francés, el Río y el Citibank y entre Mastercard y Visa se llevan el 90% de este mercado. Sólo Visa computa una lista de 5,6 millones de usuarios de tarjetas de crédito. Mastser, cerca de 4 millones.

Para los bancos, estos recargos son fruto de la falta de crédito y de la caída del 50% en el uso de las tarjetas de crédito, desplazadas por las tarjetas de débito.

En la reunión de ayer, el presidente del Central contextualizó el problema. Mencionó las dificultades de acceso al crédito por parte de las empresas. Eso ocurriría, desde la perspectiva de Prat Gay, por los requisitos que exige el BCRA para tomar un crédito.

Por eso dijo que aunque hay liquidez en el mercado, queda pendiente flexibilizar algunas normativas para obtener créditos. En especial para las compañías, sobre todo las exportadoras, que antes de la devaluación no eran viables por sus altos niveles de endeudamiento pero que hoy, con las nuevas reglas de juego económicas, mejoraron su perfil.

Por eso los equipos del BCRA estarían elaborando una nueva resolución para modificar los requisitos exigibles.

El otro factor que, desde la perspectiva del Central, trabaría el otorgamiento de créditos sería el temor de las entidades a la proliferación de nuevos amparos, tras el fallo de la Corte Suprema a favor de la redolarización de los depósitos en el caso de la provincia de San Luis.

En este sentido, Prat Gay habría vuelto a insistir en que el Ministerio de Economía debería resolver, dentro de los días que le restan a Roberto Lavagna en su gestión, un instrumento para destrabar este conflicto. El Central no estaría dispuesto a tomar cartas en este asunto.

La devolución de los Cedro involucrarían un costo de 10.000 millones de pesos si se calcula el valor de los depósitos originalmente hechos en dólares y ahora pesificados a un tipo de cambio de 1,40 pesos por dólar más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).