La profundización de la crisis económica logró que la morosidad en el pago de los servicios avanzara aun entre los segmentos de la población que conservan su empleo. En 2002, más de la mitad de los morosos argentinos aseguró que dejó de pagar un servicio público o financiero porque tuvo un atraso en el cobro de su salario o directamente porque su sueldo ya no le alcanza para hacer frente a todos los vencimientos.

El porcentaje, a su vez, trepa a casi el 60% si se suma a los empleados, principalmente del interior, que perciben sus salarios en bonos provinciales y que, a pesar de cobrar en término, no pueden utilizar estos títulos para cancelar el pago de algunos servicios.

Tradicionalmente, argumentos como "no me llegó la factura" o "se traspapeló el pago" explicaban un tercio de las moras. Pero en 2002 este tipo de excusas representó apenas el 3% de los motivos utilizados por los clientes para justificar su deuda, según un estudio realizado por Proacsa, la firma de gestión de cobros y recupero de carteras de morosos de Argencard.

La empresa -que ofrece sus servicios a compañías de servicios públicos, bancos y financieras- comparó los motivos y excusas esgrimidos por 600.000 deudores en los últimos dos años y en ambos casos determinó que la principal causa referida para la mora en el pago de un servicio fue no cobrar los haberes en término, aunque su peso relativo se modificó de un año al otro.

Hasta 2001, este motivo explicaba 19% de las moras y en 2002 su participación trepó al 26%, lo que significa un incremento del 37 por ciento. En Proacsa destacan que en su relevamiento únicamente se limitan a recopilar los argumentos de los morosos, aunque, desde ya, no están en condiciones de discernir si se trata de motivos reales o simples excusas para no cancelar las deudas.

Junto con los atrasos salariales, el otro motivo que tuvo un crecimiento directamente proporcional al agravamiento de la situación económica fue el que en Proacsa clasifican con el título de "carecer de los ingresos suficientes para afrontar las obligaciones", es decir, cuando el sueldo ya no alcanza para pagar todos los servicios que tiene contratados una persona. En este caso, la suba fue del 47 por ciento.

Sin embargo, el argumento que por lejos mostró un mayor crecimiento fue lo que en Proacsa denominan "coyuntura regional", que no es otra cosa que los casos de las personas que empezaron a cobrar sus sueldos en bonos provinciales y que no los pueden utilizar para cancelar el pago de servicios.

Cultura de pago

Este motivo ya explica un 8% de las moras y en el último año registró un aumento del 166 por ciento. Sin embargo, en Proacsa subrayan que el comportamiento de esta variable no fue parejo durante todo el año. "El pico se generó entre enero y abril de 2002, y después de esa fecha se estabilizó la situación, porque se hizo posible el pago con bonos de prácticamente todas las deudas financieras y de servicios", explican.

Durante 2002, la mora en el pago de servicios públicos se incrementó en un 15%, mientras que en el pago de servicios financieros (bancos, tarjetas, créditos personales) el porcentaje creció un 35 por ciento.

En Proacsa destacan que en este caso no se modificó el comportamiento histórico de los morosos argentinos. "Siempre la gente elige primero dejar de pagarle al banco o la financiera, antes que le corten la luz o el teléfono", señaló Martín Palladino, gerente de Proacsa.

El ejecutivo también destacó que el crecimiento de la morosidad fue parejo en todos los segmentos sociales y que los sectores de menores ingresos continúan ofreciendo niveles de cumplimiento mayores que los del resto de la sociedad.

"Pese a la crisis, los segmentos socioeconómicos C y D (los de más bajos ingresos) volvieron a mostrar una cultura de pago mayor que el resto de la sociedad, aunque no se trata de ninguna novedad, sino de la confirmación de una tendencia histórica", explicó el gerente de Proacsa.

Palladino sostiene que el incremento de la morosidad también tuvo un correlato directo en el comportamiento de los acreedores, que ante la magnitud de la crisis se vieron prácticamente obligados a otorgar mayores concesiones a sus deudores.

"El indiscutible crecimiento de la mora también trajo aparejada una mayor flexibilidad de los acreedores, que están más dispuestos a ceder en algo para recuperar aunque sea una parte de su deuda. Hoy, a partir del día 90, es muy común que el deudor obtenga una quita o, por lo menos, una financiación muy interesante", señaló Palladino.

Tarifas: nuevo pedido a la Justicia

Un conjunto de ocho entidades de defensa del consumidor definirá en las próximas horas los términos de una presentación judicial que se concretará mañana con objeto de frenar los aumentos ya en marcha en las tarifas de gas y de electricidad.

Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, dijo a la agencia DyN: "El foro de asociaciones de consumidores, integrado por ocho miembros, realizará la presentación judicial mañana (por hoy). Debido a que somos varias entidades, hoy será definido y rubricado el texto definitivo". También participarán de este pedido ante los fueros judiciales Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, Unión de Consumidores de la Argentina, Consumidores Activos, Deuco, DUC y Centro de Educación al Consumo.

La presentación tiene como meta reforzar el criterio planteado en el artículo 9 de la ley 25.561, dictada por el Congreso y que a juicio de las asociaciones "no puede ser modificada por un decreto de necesidad y urgencia". Ese artículo especifica que el Ejecutivo debe renegociar los contratos con las empresas privatizadas antes de decidir cambios tarifarios.

Pero además de la ley de emergencia económica (que suspendió las indexaciones tarifarias), las entidades alegan que el procedimiento empleado por el gobierno nacional "es inconstitucional", ya que no respeta las leyes reguladoras del régimen de electricidad y de gas (24.065 y 24.076), donde se establece que cualquier modificación tarifaria debe ser adoptada con posterioridad a un debate en audiencia pública. Tanto la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, como el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, realizaron sendas presentaciones para que la Justicia analice si el decreto 120 -que devuelve al Ejecutivo la potestad de definir ajustes tarifarios a pesar de la ley de emergencia económica- es constitucional.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, defendió los aumentos promovidos por entender que los costos en dólares que deben pagar las empresas "son altísimos".

Los aumentos promedian un 9% en la electricidad, un 7,2% en el gas residencial-pero son mayores para los consumidores industriales, que llegan al 18%- y para el gas natural comprimido (GNC), el 19,3% en el ámbito metropolitano de Buenos Aires.