Para que dejen de cobrar cargos adicionales "abusivos" en los resúmenes de tarjetas de crédito y devuelvan el dinero facturado de más, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires inició acciones legales contra siete bancos líderes. Los cargos cuestionados son los denominados "gestión de cobranza" y "reserva de fondos" que, según explicaron en el organismo, no figuran en los contratos que los consumidores firmaron con sus bancos y violan el derecho de información de los usuarios.

Las demandas ya presentadas apuntan a los bancos Francés, Bank Boston, Citibank, Banca Nazionale del Lavoro, HSBC, Río y Lloyds Bank. Se tramitan en el fuero comercial de la Capital (cada una en un juzgado distinto), a través de un juicio sumarísimo: un procedimiento más breve que el ordinario, que establece la ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Después de la feria judicial, el equipo jurídico del organismo —que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad— hará lo mismo con otro grupo de bancos que también estaría cobrando estos cargos en forma indebida.

Durante este año, más de 300 usuarios denunciaron en Defensa del Consumidor que, sorpresivamente, los bancos empezaron a cobrarles cargos adicionales por atrasarse en los pagos de los resúmenes de sus tarjetas. Algunos bancos aplican un porcentaje de acuerdo a la deuda acumulada por el usuario y otros directamente cobran montos fijos que oscilan entre $ 5 y $ 15. "No son sumas grandes, pero hay que tener en cuenta que en el país circulan 12 millones de tarjetas de crédito", afirman en Defensa del Consumidor.

En base a los reclamos recibidos hasta octubre, esa oficina porteña elaboró el ránking de los bancos con más denuncias por cobros "adicionales" que Clarín publicó el 18 de noviembre.

"En las audiencias de conciliación realizadas en esta oficina hubo bancos que le devolvieron al consumidor el dinero cobrado de más, y otras entidades directamente dejaron de cobrar esos cargos. De esta manera, estarían reconociendo que no cumplían con lo establecido contractualmente. Pero no nos consta que hayan actuado así con todos sus clientes", señala Miguel Fortuna, el director de la entidad.

En agosto, Defensa del Consumidor inició una acción "de oficio": solicitó una muestra de 20 contratos firmados por usuarios en las casas centrales de 20 bancos de primera línea. Luego de analizarlos, detectaron presuntas infracciones en 16 entidades porque los cargos cobrados no figuraban en los contratos. Por este motivo, se abrieron sumarios administrativos.

"Con estos antecedentes fuimos a la Justicia y pedimos la suspensión del cobro de estos cargos hasta que se dicte una sentencia. Cobrar estos adicionales implicaría una modificación unilateral en las condiciones contractuales y un ejercicio abusivo de la actividad", afirma Norberto Dorensztein, asesor legal de Defensa del Consumidor . Sostiene que la ley que regula el mercado de las tarjetas de crédito (25.065) dice que el contrato debe contener el tipo y monto de todos los cargos. Y, además, los usuarios tienen un derecho reconocido por la Constitución Nacional, el de recibir información veraz y eficaz. "Estas demandas son acciones colectivas que buscan proteger los derechos de una gran cantidad de consumidores", dice Dorensztein.

El equipo jurídico de Defensa del Consumidor también sostiene que estos nuevos cargos de "gestión de cobranza", "reservas de fondos" o "diferimiento de pago", entre otras denominaciones, son "tasas encubiertas o doble tasas".

Los expertos explican que los bancos le cobran a la gente una doble multa por estar en mora: los intereses punitorios y estos montos que, en rigor, implican la emisión de cartas documento o la intervención de un abogado. Sin embargo, los usuarios que se quejan dicen que, en el mejor de los casos, sólo recibieron un llamado telefónico.