El tema surgió por primera vez en 1995, en los días del llamado "efecto tequila". En ese momento se decretó una moratoria impositiva amplia y surgió la idea de prohibir nuevas moratorias a fin de insuflar en el contribuyente la idea de que "ésta es la última". Por eso, se le sacó al Congreso la potestad de lanzar ese instrumento, una restricción que terminó ayer, cuando el Senado convirtió en ley la atribución impositiva del Parlamento.

La decisión tomada por Domingo Cavallo hace siete años buscaba terminar con la práctica extendida de pagar las dos o tres primeras cuotas y abandonar los planes esperando una nueva moratoria, con mayores quitas, condonación de deudas y rebajas de intereses. La práctica corriente ha sido de una moratoria cada dos años y, entre una y otra, se insertan innumerables planes de facilidades de pagos.

Retomó el tema en abril del 2000 el entonces presidente Fernando de la Rúa, quien en un recordado discurso por TV dijo que él personalmente se iba a encargar de poner presos a los evasores. Sin embargo, a mediados del 2000, su ministro José Luis Machinea se vio obligado a lanzar una moratoria importante. A fin de ese año vino el blindaje de 25.000 millones de dólares del FMI y entre las condiciones que puso el organismo figuraba el prohibir futuras moratorias por ley.

Finalmente, el proyecto respectivo se envió al Congreso en febrero de 2001 con la fundamentación de que las reiteradas moratorias provocan un aumento de la evasión a futuro así como alteran la conducta fiscal de contribuyentes que normalmente no serían proclives a evadir, pero que ven que el evasor encuentra un trato favorable mientras que al cumplidor, no se le da ningún beneficio.

La Cámara Baja lo aprobó pero el Senado no, ya que con el avance del año 2001 se advirtió un profundo deterioro de la situación económica y urgió que el Gobierno decretara una moratoria muy grande, que se sancionó con alcance para deudas fiscales hasta septiembre de 2001 y después se añadió una "minimoratoria" que cubría deudas hasta marzo de 2002.

Ahora la Cámara alta le acaba de dar sanción definitiva y establece un agregado a la ley de procedimientos tributarios, que rige el accionar de AFIP. En ese sentido, el Poder Ejecutivo no podrá establecer regímenes de regularización de impuestos atrasados que impliquen eximición total o parcial del capital, intereses y multas. Pero queda en pie la facultad de AFIP de establecer planes de facilidades de pagos o presentaciones espontáneas que no impliquen ninguno de esos beneficios, sino simplemente el hecho de regularizar la situación del contribuyente y no tener que llevarlo a embargo y ejecución fiscal.

En el punto 10 de los 12 puntos firmados entre el presidente Eduardo Duhalde y 20 gobernadores queda explicado que lo que es ha hecho es "restituir al Congreso Nacional la facultad de sancionar normas sobre moratorias impositivas". También se deroga la dispensa a la AFIP de efectuar denuncia penal una vez que haya dispuesto una regularización, con lo cual se extiende la obligatoriedad de efectuar denuncias penales y que sea la justicia ordinaria quien decida qué pena corresponde.

Muchas veces la presión de declarar moratorias viene desde los sectores económicos enfrentando una situación insostenible y el Gobierno no la puede resistir. Podría ser ahora que esa misma presión se traslade sobre el Congreso y éste se vea forzado a convertirse en un lanzador de moratorias en cadena. Lo ideal en lo fiscal es un escenario donde no las haya y el contribuyente cumplidor sea premiado con quitas efectivas.