LA PLATA.- El 88% de los dueños de costosas embarcaciones deportivas o destinadas a la recreación no cumple con el pago de impuestos por esos bienes en la provincia de Buenos Aires. Así surge de estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía bonaerense a partir de los registros del gravamen sobre ese tipo de naves que dan cuenta de una evasión superior a 4,1 millones de pesos.

Según los datos que maneja la Dirección de Catastro provincial, en territorio bonaerense habría entre 25.000 y 30.000 embarcaciones, principalmente concentradas en la selecta zona ribereña al norte del conurbano; sin embargo, sólo un 20% de ellas -5809- figura inscripto en los listados provinciales. Y, de los anotados, sólo unos 3500 está al día con el fisco, lo que significa apenas 12% del total de barcos que deberían aportar.

Ante esta situación, la provincia lanzó en los últimos días una serie de operativos de control en distintos puntos de la costa del Río de la Plata y del delta bonaerense donde se concentra un conjunto de entidades y urbanizaciones, tales como countries o barrios cerrados ribereños, guarderías y clubes náuticos.

Ayer LA NACION accedió, en forma exclusiva, a participar de uno de estos procedimientos que fue encabezado por un grupo de cinco mujeres: dos contadoras, dos abogadas y una inspectora. Básicamente, su tarea fue tomar nota de las embarcaciones halladas en los distintos puntos visitados y, luego, contrastar la información con los datos que existen en las direcciones de Rentas y Catastro.

"En una primera instancia se seleccionaron distintas entidades náuticas tradicionales y exclusivas, que aglutinan en su conjunto las opciones más representativas del sector, atento a tratarse de lugares donde se concentra fundamentalmente la mayor capacidad contributiva", se explicó en la cartera económica provincial. La fuente afirmó que "la filosofía que impulsa estas medidas es que, en medio de la grave crisis, es preciso que quienes tienen posibilidad de aportar den el ejemplo".

Datos cruzados

El impuesto provincial a las embarcaciones deportivas o de recreación alcanza a naves radicadas -con lugar de fondeo, amarre o guarda habitual- en la provincia que estén propulsadas principal o accesoriamente a motor.

La base imponible se conforma por el valor venal de la embarcación (póliza de seguro de riesgo o valor mercado). Los titulares de dominio pagan el impuesto en dos cuotas al año -con vencimiento en abril y octubre-. Existe una escala de cuotas fijas y alícuotas sobre excedente del límite mínimo, que van de un importe de $ 62,50 para embarcaciones con valuación hasta los $ 5000, y de $ 1837 con alícuota del 2,5% sobre excedente para embarcaciones de valuación superior a los 110.000 pesos.

Tal como se ilustró, los responsables del impuesto deben inscribir su barco o similar mediante presentación de declaración jurada.

Evasión estimada

En los registros de Catastro hay 5809 embarcaciones empadronadas. Pero los sabuesos provinciales están convencidos de que existe un parque de embarcaciones que ronda las 25.000 y 30.000 con amarre, fondeo o guarda en jurisdicción bonaerense. Esto significa que sólo figura a efectos tributarios entre un 20 y un 25% de las naves.

Esta situación, según señalan en la cartera conducida por Gerardo Otero, representa unos $ 4,1 millones que la provincia deja de percibir por este impuesto. . Además de las inspecciones integrales para verificar el cumplimiento de obligaciones, que servirán para actualizar los registros oficiales, la provincia se encuentra realizando un relevamiento fotográfico en la zona.

También se cruzó información con la base de datos de la Prefectura Naval Argentina y se prevé enviar intimaciones masivas y, previa estimación de la deuda, se trabarán medidas cautelares de embargo sobre los bienes.

En los próximos días Rentas sumará a las inspecciones integrales la publicación en Internet de los nombres de evasores y contribuyentes en mora. Algo que ya hizo en los casos de los 100 mayores deudores del impuesto automotor. . Los recaudadores confiaron a LA NACION que "la publicación de los datos de deudores tiene un impacto muy importante, y produce un efecto contagio que impulsa a muchos a regularizar su situación".